Eventos del SITEAL

El trabajo de mercado como obstáculo a la escolarización de los adolescentes

CONVERSACIÓN ENTRE NÉSTOR LÓPEZ, MARIELA MACRI Y OSCAR DÁVILA LEÓN

El 21 de julio de 2016, en el marco de los Eventos del SITEAL1, Néstor López, coordinador del SITEAL, SIPI y SITEAL TIC, Mariela Macri, socióloga y Doctora en Educación, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles, y Oscar Dávila León, trabajador Social de la Universidad Católica de Valparaíso e investigador del Centro de Estudios Sociales (CIDPA) de Chile, conversaron sobre la incorporación temprana de los adolescentes en el mercado laboral y su escolarización.

Néstor López: Para comenzar, nos vamos a centrar en la relación de los adolescentes con el trabajo y en el modo en que esto pone en tensión su derecho a la educación. ¿En qué medida su incorporación temprana a la actividad económica es un obstáculo para que puedan permanecer en la escuela, al menos hasta finalizar el nivel medio? ¿Existe un consenso generalizado respecto de que el espacio institucional de los adolescentes es la escuela y no el trabajo?

Mariela Macri: Este tema genera mucha incertidumbre porque existe una superposición de derechos, debido a que los adolescentes tienen derecho tanto a la educación como al trabajo. Además, no es tan claro que toda la sociedad esté convencida de que los adolescentes tienen que estar en la escuela y no en el trabajo. Como dato adicional, se ve que la proporción de jóvenes que egresa de la escuela media todavía es baja2. Si bien se han introducido distintos formatos escolares que intentan retener en la escuela a los adolescentes de todos los sectores sociales, la permanencia requiere mucho trabajo con los jóvenes, las familias, los docentes y las instituciones escolares. Hay que tener en cuenta también que no siempre el proceso es lineal, hay trayectorias circulares, por ejemplo, en casos de adolescentes que dejan de estudiar para ir a trabajar y luego vuelven a la escuela. Y a veces ambas experiencias coexisten, algunos espacios educativos muestran mayor contención hacia los adolescentes que estudian y trabajan, como es el caso de la educación dentro de los movimientos sociales.

Oscar Dávila: La información estadística señala que cerca de un cuarto de los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 17 años en América Latina realizan trabajo remunerado3; esto genera conflicto porque se relaciona directamente con el abandono escolar. La evidencia es fuerte: las posibilidades de construir un proyecto laboral y de vida se reducen si los jóvenes interrumpen tempranamente su trayectoria escolar. Precisamente porque la escolarización amplía las oportunidades de inclusión social de los adolescentes. 

NL: Mariela planteaba la superposición en los adolescentes del derecho a estudiar y a trabajar. ¿Coincidís con esa visión, Oscar?

OD: Más que superposición de derechos creo que se trata de una tensión entre ambos y de un tema de prioridades. Mi opinión es que el lugar que deben ocupar los adolescentes en la estructura social es la escuela, pero esto no implica la negación del derecho al trabajo. Se trata de entender a la educación como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado, a través de sus instituciones y políticas, para todos los adolescentes. Completar la escolarización es la prioridad para los adolescentes. Más adelante vendrá el trabajo remunerado, y este también es un derecho que deberá ser asegurado por el Estado. 

NL: Mariela, ¿existe una tensión entre la normativa laboral y la educativa? ¿considerás, al igual que Oscar, que el derecho a la educación debe prevalecer en el caso de los adolescentes? 

MM: Coincido con Oscar en que la prioridad es la educación porque aunque la ley busque garantizar el derecho al trabajo, este derecho tiene una limitación y es la de cumplir con la escolarización obligatoria. Además, aunque la sociedad no está del todo convencida de esto, creo que los adolescentes sí tienen claro que su lugar es la escuela, porque en las investigaciones que hemos realizado encontramos que se identifican como estudiantes antes que trabajadores. Igualmente, algunos de ellos reivindican su derecho a compartir la educación con el trabajo. Entonces se debe debatir ¿en qué condiciones los adolescentes pueden compartir su educación con el trabajo? ¿qué significa que su trabajo sea protegido? En los hechos, significa poco porque los adolescentes trabajan en sectores precarizados donde no llega la ley de protección laboral y la única protección es la familia.

En este punto, me gustaría introducir algunas cuestiones para hablar de los jóvenes, aspectos como la perspectiva de género, el grupo étnico y la procedencia rural o urbana de los adolescentes4. Al incorporar estas variables, surgen matices sobre el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Desde una mirada conservadora se señala que hay adolescentes que, aunque no trabajaran, tampoco estudiarían. Estas lecturas obviamente dejan fuera la variable de la clase social o la posición de la familia. En realidad, lo importante sería analizar por qué sucede esto y hay adolescentes que optan por el trabajo y otros que se inclinan por la educación. Por otro lado, también hay una literatura anglosajona del campo de la psicología, que analiza los costos psicosociales que produce el trabajo durante la adolescencia, por ejemplo, la madurez acelerada o el consumo de alcohol y sustancias. Sin embargo, para algunas familias está naturalizada la idea de que el adolescente está mejor en el mercado de trabajo, sobre todo en las zonas rurales más pobres. Por lo tanto, no está cerrada la cuestión acerca de sí el adolescente tiene que trabajar o no y cuáles son los costos de esta opción. 

NL: Mariela nos recuerda un principio que está vigente en la regulación del trabajo adolescente y es que no tiene que ser un obstáculo a la trayectoria educativa. Además señala que una cosa es el debate teórico, otra el debate como reflexión de derechos y principios y otra es lo que pasa en una sociedad fuertemente segmentada con realidades distintas. ¿Cuál es tu mirada, Oscar?

OD: Este encuentro o tensión entre normativa laboral y educativa sigue pendiente y es de difícil resolución. Por un lado, la UNICEF y la OIT, a través del famoso convenio 138 de la OIT5, intentan avanzar sobre una edad mínima para poder trabajar, algo que luego es retomado por las legislaciones nacionales. Por el otro, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña, el Adolescente de 19896 establece que los Estados deben ser garantes de la escolarización de los niños y adolescentes. Además, están las variables que señalaban, con especial mención en América Latina para el trabajo rural y el comercio informal, actividades frecuentes para los adolescentes, absolutamente en negro, y que a veces ni siquiera son remuneradas. Son las grandes áreas donde trabaja esta porción de jóvenes con desventajas sociales y con familias en las que este discurso ético-político sobre priorizar la formación sobre el trabajo, no ha calado suficientemente fuerte, o consideran que puede ser una situación positiva desde el punto de aportar económicamente con ingreso a la familia. Entonces la pregunta es ¿qué estamos haciendo para poder aumentar las tasas de retención en la escuela? Si bien no expulsan a nadie, el Estado y la escuela muchas veces no hacen nada para que estos chicos no abandonen la enseñanza secundaria.

NL: Llegaron muchas preguntas que señalan que la idea de que los adolescentes tienen que estar en la escuela es occidental, moderna y expresa una forma de colonización. Se señala que es diferente el lugar que tiene el trabajo de los niños y los adolescentes en el proceso de socialización y de construcción de comunidad en las comunidades indígenas. ¿Tenés una primera reacción a este punto Oscar?

OD: Sin duda tendríamos que hacer una serie de distinciones al respecto. No cabe duda de que, de acuerdo con los orígenes sociales, las representaciones en este dilema van a ser absolutamente distintas. Pero estamos hablando de políticas, y no estoy en condiciones de poner el trabajo por sobre la educación. Quiero insistir en que abandonar la escolarización primaria y secundaria es un pésimo negocio para los chicos y para sus familias.

NL: Uno de los comentarios que llegó dice “el derecho al trabajo es más importante que el derecho a la educación porque supone la supervivencia”, es interesante reconocer que en algunos sectores ésta no está garantizada. ¿Cómo reaccionás, Mariela, a este punto?

MM: En cuanto al trabajo infantil, es cierto que si uno mira las civilizaciones primitivas ha sido una constante. Sin embargo, tenemos que hacer una distinción y establecer que en la actualidad los niños no deberían trabajar para sobrevivir. Creo que es algo que aún los más acérrimos impulsores del trabajo y de los valores formativos no pueden defender. Resulta diferente cuando en algunas culturas el trabajo aparecía como una forma de vida, de sociabilización. En ese caso no era para sobrevivir sino una forma de transferencia de una generación a otra, la familia funcionaba como un agente de producción de sus propias necesidades (no para el mercado) y movilizaba a todos los integrantes en esta economía de subsistencia. En cambio, el concepto de trabajo infantil se conforma en paralelo al desarrollo del capitalismo, encontramos como ejemplo al trabajo de los niños en las manufacturas inglesas. Ese trabajo infantil es el que se ha buscado limitar desde los Estados y desde la política. Pero son procesos largos. En Argentina la primera ley para proteger a los niños trabajadores, hijos de los inmigrantes, es del año 1907 y la edad mínima fueron los nueve años. Con todo el tiempo que pasó y muchas luchas se ha podido elevar a los 16 años de la actualidad. Por otro lado, otra variable importante es el aumento de la esperanza de vida. En los inicios, el capitalismo necesitaba mucha fuerza de trabajo e incoporaba a los niños porque a los 35 años terminaba la vida para un trabajador. Hoy la gente puede vivir hasta los 100 años, de modo que no tiene sentido que la vida laboral comience tan temprano. El trabajo consume la vida, mientras que la educación promueve la vida, desarrolla, amplía los horizontes.

Estos temas ya estaban presentes en el debate entre los abolicionistas y los proteccionistas, que se daba en 1907 cuando se sanciona la primera ley en la Argentina, la Ley Palacios de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo de las mujeres7. A fuerza de ser progresista, uno se entrampa en esto de que el niño tiene derecho a trabajar y derecho a elegir, pero ¿quién decide? ¿un niño de cinco años puede decidir cuál es su interés superior? Son temas que requieren mucha reflexión y no están cerrados. Creo que la educación es primordial y que el Estado tiene que promover los medios para las familias puedan procurar su subsistencia sin hacer trabajar a sus niños. 

NL: ¿Qué están haciendo los Estados de América Latina frente a esto?

OD: Desde la década del noventa, en la agenda de los Estados de América Latina ha estado presente fundamentalmente la dimensión educativa, la escolarización de la población ha sido una Política con mayúscula, tanto la universalización de la educación primaria como la incorporación masiva de adolescentes en la enseñanza secundaria. Por otro lado, para la población adulta que no logró niveles de escolarización existen políticas de segunda oportunidad, que tienen éxitos bastante menores que las dirigidas a adolescentes y jóvenes en edad escolar. Mientras más temprano es el abandono, más baja es la probabilidad de que vuelvan a estudiar. En cuanto a políticas vinculadas con el mundo del trabajo, ha habido algunos planes para jóvenes, aprestos laborales, subsidios al empresariado para la contratación de mano de obra. Sin embargo los Estados, fruto de sus configuraciones más actuales, están bastante imposibilitados de intervenir en el mercado laboral. Su apuesta fundamental ha estado en la dimensión educativa

Resumiendo, creo que los Estados están encaminados a poner en el centro de las políticas dirigidas hacia la juventud, el tema de la educación y la escolarización para lograr las tasas más altas tanto de cobertura como de egreso de la enseñanza secundaria8. Lo que hay que evaluar es cuánto ha impactado esta oferta, que busca ser integradora y socializadora, en los jóvenes y en sus familias, cuánto han resignificado los adolescentes su representación histórica de la escuela y cuánto hace la institución educativa para retener a los chicos y brindar una educación atractiva, convicente, de calidad.

NL: Mariela, ¿Qué está haciendo el Estado ante este problema?

MM: Voy a plantear lo que el Estado hace y no lo que nos gustaría que hiciera. En cuanto al trabajo, si bien hay planes nacionales para la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, que buscan velar por que los adolescentes tengan sus derechos como trabajadores garantizados, esto en la práctica no sucede. Los adolescentes trabajan en los sectores más desprotegidos del sector informal, sin contratos ni protección estatal. Tampoco es efectiva la política de inspección del trabajo. Se debería revisar la ley que habilita a trabajar a los adolescentes a partir de los 16 años para que el Estado pudiera comenzar a intervenir.

En cuanto a la educación, también hay cuestiones sin resolver. Una de ellas es si la escuela tiene que adecuarse para incluir a los estudiantes que trabajan y tomar en cuenta, por ejemplo, las inasistencias o la superposición de los horarios entre escuela y trabajo. La otra opción sería que los empleadores de adolescentes consideren que son estudiantes y les garanticen su derecho a la educación, dándoles la posibilidad de reducir las horas de la jornada laboral. La pregunta sería cómo conviven la educación y el trabajo en una sociedad en la que los adolescentes pueden hacer las dos cosas. Encontramos el caso de Alemania donde los adolescentes que trabajan tienen un acompañamiento desde la institución escolar. Entonces existen diferentes opciones, una posibilidad es que la sociedad acepte que el adolescente trabaje y estudie, y entonces se adecúe a la institución escolar para que brinde acompañamiento. Otra opción es que no se acepte que los jóvenes hagan ambas cosas, en ese caso hay que elevar la edad mínima de admisión al empleo, acotar el derecho de los adolescentes a trabajar y priorizar efectivamente la escolarización. 

Además, tenemos que pensar en políticas para aquellos sectores de la población que acceden por primera vez a la escolarización y requieren de un acompañamiento muy importante porque probablemente no encuentren los medios ni el apoyo en su familia. No soy partidaria de segmentar en escuelas para ricos y escuelas para pobres, el nivel de exigencia tiene que ser parejo para todos, entonces creo en políticas de acompañamiento a la escolarización9.

NL: Desde el Poder Legislativo, a la hora de promover la normativa, se estimula verdaderamente un conjunto de derechos para la niñez, la adolescencia y la juventud y se los piensa como sujetos que deben tener pleno ejercicio de sus derechos. Otras partes del Estado, en cambio, no responden al mismo encuadre. Desde el Poder Ejecutivo y, por ejemplo, en la institución escolar, circulan discursos y prácticas que muchas veces piensan al joven como un sujeto peligroso, al que hay que direccionar y disciplinar. Este es un elemento central para pensar en qué medida el Estado logra materializar el derecho plasmado en las leyes. ¿Cómo observás esta tensión dentro del Estado, Oscar?

OD: Hay un doble discurso, por un lado está el de la protección de derechos de la infancia o la adolescencia. Sin embargo, en el tema del trabajo también se presenta otra dimensión, que tú le asignabas a la diferenciación entre los poderes del Estado, de acuerdo con la cual se considera que todo lo referente al acceso a un puesto de trabajo es muy valorado y positivo. Todo lo que sea generar empleo es bien visto por la opinión pública.

NL: Te interrumpo brevemente Oscar, porque acaba de llegar un mensaje que expresa esto que estás diciendo, la idea de las familias que necesitan el trabajo de todos sus miembros y que el trabajo dignifica.

OD: Precisamente, ese discurso que llamo populista o paternalista no está presente sólo en el discurso oficial, también se le traspasa la responsabilidad a la dimensión privada, es decir, a la familia que manda a sus niños a trabajar para que puedan sobrevivir. Respecto de la crisis del mundo del trabajo, en línea con lo que mencionaba Mariela, cuando decimos que hay que subir la edad para incorporarse al mundo laboral, se puede objetar que será una doble sanción para ese chico. El adolescente desertó de la escuela y además no lo dejamos trabajar legalmente, entonces quedamos encerrados en un círculo vicioso. Convive también con un discurso de control social, que sostiene que es mejor que estén en la escuela y no en la calle.

Hay otro tema relacionado con los chicos que trabajan ¿qué hacen con el dinero que logran recaudar? Hay una serie de estudios al respecto que dicen que es usado para consumos individuales. Entonces, la familia pobre continúa siendo pobre, aunque trabajen todos los niños. Por último, está la responsabilidad del Estado en cuanto a sus políticas para la erradicación del trabajo adolescente, iniciativas que muchas veces terminan siendo como una contraprestación; “yo le pago a usted una trasferencia para que su niño vaya a la escuela”. Considero que debería haber otra manera el poder garantizar ciertas condiciones de vida al adolescente o niño y a la familia. 

NL: Mariela ¿en tus estudios percibís este doble discurso, esta tensión en las acciones del Estado?

MM: Sí, hicimos una investigación sobre las percepciones que tenían tanto los maestros como los funcionarios públicos acerca del trabajo infantil y juvenil10. En el caso de los maestros encontramos algunos con un discurso muy discriminatorio contra las familias y otros que buscan la inclusión y la retención de los jóvenes pero no saben qué hacer ante estas problemáticas que los exceden. En cuanto a los funcionarios vinculados con trabajo infantil, ellos reconocen esta tensión de que las familias necesitan el trabajo. Por ejemplo, en el campo se ve de modo muy claro: resulta difícil sostener el discurso de la erradicación del trabajo infantil porque en la práctica efectiva no se le puede quitar ese ingreso a la familia si todavía no están instrumentados los recursos institucionales para darle algo a cambio.

Entonces, es fundamental diseñar los dispositivos institucionales para dar respuesta a este problema y capacitar a los funcionarios que van a llevarlos adelante. Son procesos que requieren tiempo. Considero que no es aún el momento de discutir la edad mínima de la admisión al empleo de los adolescentes. Lo que sí me parece interesante, que planteó recién Oscar, es enfocar en el mercado de trabajo: qué es lo que se les puede ofrecer a los adultos desde el mercado laboral para evitar que movilicen a toda la familia para sobrevivir.

NL: Hay dos preguntas del público ¿Cómo inciden el conjunto de la sociedad civil y los propios adolescentes en las políticas públicas? La segunda es ¿cómo se influye desde la escuela?

OD: Sin duda, no es solamente responsabilidad del Estado. Un tema importante es hasta qué punto la escuela puede lograr conjuntamente con la familia, mayores niveles de legitimación de la institución escolar misma. No podemos tener establecimientos de acuerdo con la clase social. Todavía la institución escolar tiene muchísimo que aprender en cuanto al sujeto de la escolarización secundaria, sigue conservándose una visión utópica de estudiantes ideales y no reales. Falta incorporar a otros actores, trabajar en conjunto con los maestros, la institución escolar, la familia, la política educativa, para reconocer a este sujeto adolescente real.

NL: Mariela ¿tenés algún comentario respecto del lugar de los adolescentes en el mundo laboral?

MM: Me interesa enfatizar la heterogeneidad de situaciones que encontramos, para no quedarnos con una conclusión única. En las investigaciones que compilamos con Claudia Uhart, encontramos que hay distintos tipos de trabajos en los que se desempeñan los adolescentes. En primer lugar, hay jóvenes de sectores medios que, ejerciendo su libertad y su derecho, salen a trabajar al mercado y se encuentran protegidos por su familia, porque disponen de lo que ganan y porque lo toman como un aprestamiento para ir al mercado laboral más adelante. 

Luego, tenemos grupos de jóvenes en riesgo, que trabajan en sectores del mercado muy desprotegidos, en jornadas extensas, que no están con su familia ni en sectores formales sino en el sector informal, que muchas veces pertenecen a hogares monoparentales con muchos niños, no tienen vivienda propia y los recursos que ellos proveen son necesarios para la familia. En estos grupos se debe focalizar la acción del Estado, deben ser protegidos desde el ámbito del mercado de trabajo. Y también atendidos desde la escuela con acompañamiento, ya sea de tutorías o subsidios. No creo que esté mal subsidiar para que los jóvenes se queden en la escuela, siempre que sea acompañado por una motivación para que realmente se queden y no sea solamente por el subsidio.

Entonces hablemos de distintos tipos de trabajos de los adolescentes, de aquellos grupos que hay que proteger y aquellos que ya tienen la protección de su familia, de su sector social y a veces de su empleador que muchas veces respeta sus derechos. Porque, además, cuánto más ilustrado esté el adolescente más capacidad tendrá para defender sus derechos frente al empleador.

NL: Para cerrar quería hacer un comentario. Hay diversos puntos en este diagnóstico y no tenemos consensos. El diagnóstico se resignifica porque aparecen nuevas preguntas, nuevos juicios de valor y vemos una coexistencia de visiones. El desafío es discutir un proyecto de futuro y ver de qué manera las políticas pueden ayudar a transformar la realidad que parece agobiante.

Notas

1 -

Los Eventos del SITEAL son reuniones globales que conectan a referentes de Latinoamérica para reflexionar sobre la situación socioeducativa en la región y brinda oportunidades para debatir junto al público sobre los principales temas de la agenda de primera infancia, educación y TIC, entre otros.

2 -

Desde la perspectiva del acceso, el análisis de las tendencias recientes constata avances importantes en la generalización del derecho a la educación en Amércia Latina. Durante la última década el acceso al nivel medio se expandió alrededor de un 15%. Aún estos logros, se observa que a mediados de la década del 2010 el 23% de los adolescentes de entre 15 y 17 años se encuentra fuera del sistema educativo.

Más información al respecto en el CUADERNO 24 del SITEAL: El trabajo de mercado como obstáculo a la escolarización de los adolescentes

3 -

Las Encuestas de Hogares de la región constatan que la tasa de actividad entre los adolescentes asciende a 21,4%. El panorama regional es sumamente heterogéneo. En Perú la proporción de adolescentes económicamente activos es casi nueve veces más alta que en Chile o Argentina. En Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay la tasa de actividad entre los adolescentes oscila entre el 32 y el 38%, mientras que en Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela menos del 15% de los adolescentes buscan trabajo o trabajan. 

Más información al respecto en el CUADERNO 24 del SITEAL: El trabajo de mercado como obstáculo a la escolarización de los adolescentes

4 -

En todos los paises se observan tendencias bien marcadas al respecto: La tasa de actividad es considerablemente más alta entre los adolescentes que interrumpieron su trayectoria escolar, entre los varones, entre quienes residen en áreas rurales y entre los adolescentes que conforman familias con alta acumulación de desventajas sociales. En efecto, la probabilidad de que los adolescentes sean económicamente activos es cuatro veces mayor –en algunos países ocho, siete o seis veces mayor- si no asisten a la escuela respecto a quienes se encuentran escolarizados. Si los adolescentes no escolarizados son varones, lo más probable es que trabajen. Sumado a esto no sólo la probabilidad de que trabajen aumenta en forma considerable si interrumpieron su trayectoria escolar sino también aumenta el tiempo que dedican a estas tareas respecto a quienes además de trabajar, estudian. Los adolescentes que estudian y trabajan dedican un promedio de 27 horas semanales a las actividades económicas, mientras que sus pares desescolarizados dedican en promedio 47 horas semanales a estas tareas. Por su parte, si los adolescentes conforman familias de los estratos sociales más desfavorecidos (entre las cuales se encuentran las tasas de escolarización más bajas entre los adolescentes) la probabilidad de que trabajen es, en términos generales, tres veces más alta que la de sus pares de los estratos más favorecidos y si residen en áreas rurales, prácticamente se duplica respecto a quienes residen en áreas urbanas. 

Más información al respecto en el CUADERNO 24 del SITEAL: El trabajo de mercado como obstáculo a la escolarización de los adolescentes

5 -

El Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo fue adoptado en 1973 por la Organización Internacional del Trabajo. Al ratificar el Convenio n.º 138 —uno de los ocho convenios fundamentales de la OIT— un Estado se compromete a tomar medidas para alcanzar la abolición efectiva del trabajo infantil y elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo. 

6 -

La Convención de los Derechos del Niño forma parte de los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes que garantizan y protegen los Derechos Humanos. El objetivo de la Convención, adoptada en 1989, es proteger los derechos de todos los niños del mundo. Se trata del primer instrumento internacional jurídicamente vinculante de la protección de los Derechos del Niño, lo que significa que establece una fuerza obligatoria para el conjunto de derechos que estipula. Esto implica que los Estados que han ratificado la Convención están obligados a respetar y asegurar que se respeten todos los derechos que ésta establece en nombre de los niños. La Convención consta de 54 artículos que constituyen el conjunto de todos los derechos civiles y políticos de los niños, así como sus derechos económicos, sociales y culturales.

7 -

En 1907 se sanciona la Ley 5.291 sobre “Trabajo de mujeres y menores”, sobre la base del proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios. Esta ley determinaba que los menores de 10 años no podían ser objeto de contrato, como así tampoco los mayores de esa edad que no hubieran completado su instrucción obligatoria, salvo autorización expresa del defensor de menores del distrito. Asimismo, establecía que los menores de 16 años no podrían ser ocupados en las industrias peligrosas o insalubres o en trabajos que pudiesen dañar su salud, instrucción o moralidad. En un principio, la legislación no contempló la regulación del trabajo en la vía pública, la propiedad rural y el domicilio propio o ajeno, modalidades que se incluyeron recién en 1924 con una nueva ley (Nº 11.317). http://www.trabajo.gob.ar/downloads/domestico/explora_fasciculo_02_Traba...

8 -

En relación con este punto, se sugiere ver el documento elaborado a partir de la conversación entre Néstor López, Ernesto Rodríguez y Deisy Aparicio: "La participación de los jóvenes en las políticas públicas dirigidas a ellos"

9 -

Pensando en políticas de acompañamiento a la escolarización, cabe mencionar la Red de Tutores Territoriales del programa argentino PROG.R.ES.AR. En su dimensión territorial, este Programa contempla la conformación de una Red de Tutores para el acompañamiento de los Jóvenes. Respondiendo a las dificultades que atraviesa la población destinataria, las tutorías constituyen una herramienta de apoyo y orientación a las trayectorias formativas de los jóvenes.  Más información en el CUADERNO 22 del SITEAL disponible en http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal_cuaderno_22_pr...

10 -

Se alude al libro Trabajos infantiles e infancias. Investigaciones en territorio. Argentina 2005-2010 (Mariela Macri y Claudia Uhart compiladoras, La Crujía Ediciones, 2012), que recoge las percepciones de distintos actores sobre el fenómeno: maestros, funcionarios, los propios chicos, a través de trabajo de campo en el conurbano y el sur de la ciudad de Buenos Aires.